Primera Bitácora

Esta semana encontramos diversas noticias sobre seguridad, casi la totalidad de estas se relacionan con la fuerza pública, lo que pone de manifiesto la importancia mediática y discursiva  que se le da al rol de la policía en términos de seguridad. En este sentido  los medios de comunicación constantemente emiten información sobre  las políticas y los  logros que desde estas instituciones  se vienen adelantando  contrastándola a su vez con  contextos violentos donde constantemente se violan todo tipo de derechos y donde no existen condiciones para garantizarlos.

Estas labores siguen el protocolo de las cifras/acciones, es decir evalúan cifras que presentan  respecto a la inseguridad, como  las tasas de homicidios, robos, violaciones, etc.( El Tiempo informa que Bogotá tiene la tasa de homicidios más baja en 30 años) y luego lo contrastan con los políticas de seguridad ordenadas desde el gobierno, como por ejemplo el despliegue de 90 patrullas y 100 efectivos de la DIJIN mencionados por el alcalde Petro en Twitter o la presunta movilización de 3.100 efectivos de la policía en caso de paro de taxistas; es decir y valga la muletilla, el tema de seguridad está relacionado casi inseparablemente con la policía si hablamos de Bogotá y con la fuerzas militares a nivel nacional y es tema que se reproduce constantemente en los medios, ¿por qué?, es un punto a analizar, por ahora podemos mencionar, a los medios de comunicación como reproductores de las políticas distritales en este caso, que por medio de la información y las imágenes reafirman la legitimidad que tiene la institución de ejercer violencia en cuanto se vele por los derechos de los ciudadanos, y deslegitiman así mismo a los actores que ejercen poder o fuerza física desde un marco ilegal. Todo esto tiene una explicación, que si bien cabe en este momento, no sabemos si tenga aplicación en otro contexto o tiempo pasado, entonces nos referimos al hecho de que los medios de comunicación reproducen las políticas distritales y nacionales, en este caso la política de seguridad ciudadana que está adscrita a la política nacional de seguridad dirigida por Juan Manuel Santos, en donde los objetivos de los gobernadores (Petro-Santos) van de la mano en referencia a las políticas que establecen respecto a este tema, es decir que Santos aprueba que Petro disponga de un alto presupuesto para armar a la policía porque va de la mano con el hecho de armar a la fuerza pública con herramientas de última tecnología que les permitan ¨combatir el crimen¨, y  tener las armas tan sofisticadas como las de las bandas criminales como lo anuncia el ministro Londoño; todo esto con el fin de legitimar el monopolio de la fuerza por parte del estado y  ejercer  la política de seguridad democrática, que si bien afirma la inclusión de todos los sectores en el tema de seguridad, reafirma a la Policía Nacional  y a las fuerzas militares como las instituciones que deben garantizar la seguridad de los colombianos (as), y en especifico de los ciudadanos(as).

 Debemos tener en cuenta que a lo largo de los últimos años, hemos  observado  una  dinámica,  según  la cual  el fenómeno de la seguridad ha tomado gran importancia  en el discurso de los políticos  llegando  incluso  a ser el gran paradigma de gobierno de la última década. Es claro que  a partir de ella, o mejor,  de la coalición que se genera  con el fenómeno de Uribe/Santos que en gran medida  se configura en torno del apoyo a la propuesta de seguridad democrática. Se ha generado un gran poder político capaz de construir nociones sociales y determinar por ello ciertas realidades, lo que repercute  en que desde hace algún tiempo vivamos en una sociedad  que desde sus instituciones se organiza, es decir que prepara  sus estructuras de acción con el fin de  combatir  al  enemigo borrosamente definido al que se llama terrorista. La cuestión del terrorismo implica  el enemigo interno de la sociedad globalizada y que por las lógicas de esta dinámica debe buscar en su propio interior, poniendo a sus propios sujetos bajo control constante, situación peligrosa si tenemos en cuenta las condiciones humanas de nuestra fuerza pública. 

 

Esta semana  vimos  de nuevo el nombre de la institución policiva manchado por la mala conducta de sus integrantes quienes regularmente con actos  salvajes se ponen en cuestión a sí mismos. Se mencionaba que en este año se habían destituido a 84 miembros de la policía por irregularidades en los códigos que deben seguir los integrantes de la misma, además de la brutal muerte de un joven de 15 años a manos de dos activos de la institución y el idilio que continúan viviendo después de un año por irregularidades que competen a la rama de la justicia, los padres del grafitero que fue asesinado también a manos de patrulleros. Lo anterior con en el fin de cuestionar hasta qué punto la policía puede garantizar los derechos a los ciudadanos como institución, si en su interior hay irregularidades que dan pie a la vulneración de los mismos  por entes adscritos a la policía, ¡que dilema!

Claro está que los han destituido, pero ni siquiera han sido sometidos a la justicia militar, pues al destituirlos pasan a manos de la justicia ordinaria, o en el caso de algunos que no se han definido, a manos de la fiscalía. El hecho es la  contradicción intrínseca de la institución, que nos causa preocupación.