Quinta Bitácora


A lo largo de los últimos años  hemos podido observar una de dinámica según  la cual  el fenómeno de la seguridad ha tomado gran importancia  en el discurso de los políticos,  llegando  incluso  a parecer el gran paradigma de gobierno de la ultima década.  Es claro, o por lo menos difícil de discutir  que  a partir de ella  y   de la coalición que se genera  con el fenómeno del Uribismo  que    en gran media     se configura en torno del apoyo a la propuesta de seguridad democrática  se ha generado un gran poder político capaz de construir nociones sociales y determinar por ello ciertas realidades.  No necesitamos si no recordar los últimos procesos electorales donde el Uribismo tuvo un gran ascenso  y representación en distintas estancias o, las ultimas elecciones presidenciales en las cuales aunque  la política de seguridad democrática (PSD) es una  política que ha sido altamente criticada desde  distintos sectores y organizaciones,    ninguno  de los candidatos  manifestó  intención de desarticularla o por lo menos ponerla en cuestión. 

El hecho  por lo menos para resaltarlo es preguntarse ¿qué peso más para que ninguno de los  candidatos lo intentase?, ¿si fue porque ninguno lo pensó  desde su posición ideológica o fue por que aquello repercutiría  en la opinión pública y en los medios?
Y en ese sentido  ¿qué determina qué?. No pretendemos resolver eso aquí, simplemente queremos resaltar que la   cuestión va más allá  y que el hecho  nos hace pensar  en que hay  imaginarios  en torno de la PSD  que ya resultan impositivos y determinantes para muchos de nuestros procesos sociales.  



En las  noticias de inseguridad de esta semana  se pudo observar  una alta producción de información que hacia referencia a las buenas cifras y resultados que estaban arrojando los estudios más recientes. Se hizo referencia por ejemplo en una noticia  al porque de la reducción en las tazas de asaltos, homicidios, hurtos etc. Se destaca la reducción en los índices de  homicidios en Bogotá   y se hace referencia a distintos  comunicados  de servidores públicos que se refieren sobre el tema.  En este sentido Petro se pronunció (desde Caracol Radio) diciendo que no podía decirse como se había hecho en una editorial la semana pasada que; la disminución en los índices de   inseguridad  obedece  un conjunto de acciones gubernamentales que se han venido adelantando especialmente desde el gobierno nacional, consecuencia del desarrollo y asentamiento de la política de seguridad ciudadana. Esto, según el mandatario distrital  es erróneo   si se tiene en cuenta  que los índices no  habían disminuido  manera tan radical en ningún otro lugar del territorio  y que de hecho en ciudades como Cali y Medellín habían aumentado.



Respecto de esto quisiera resaltar la constante mediática de  vincular eventos violentos o que tengan que ver con fuerza pública siempre que se pretende hablar de seguridad. Manifestación de ello es por ejemplo que los medios recurran a cierto tipo de actores y procesos, (políticos o políticas, fuerzas armadas, instituciones y dependientes del estado) para dar cuenta de la situación de la seguridad.  Con esto no quiero decir que los avances no sean ciertos o que estas instituciones no sean una buena fuente de información. Lo que me parece es que esta constante relación  que se nos presenta entre seguridad y aparatos de violencia  puede repercutir en la desfiguración de  la realidad y los supuestos fundamentales sobre los que funciona la asociación política  Estado de derecho. Por ejemplo  la semana  pasada salió una noticia donde se pronunciaba el general Jorge Roberto León Riaño  acerca de la captura    en Bogotá una red de presuntos integrantes del movimiento bolivariano que  eran encargados de organizar   el brazo político de las FARC en colegios y universidades y que  además adelantaban planes para atentados terroristas en conmemoración al segundo aniversario de la muerte de tiro fijo.  El problema es que yo mismo no sé que pensar, no sabría si el movimiento bolivariano es en verdad una dependiente  tanto ideológica y económica de las FARC tal como lo asegura el general. Dependo de los medios en  tanto  encargados de conseguir y difundir información. Pero  si  las noticias  se basan información emitida por la policía y no por los veredictos construidos desde la rama de judicial, en un país  que no tiene buenos precedentes en su forma de tratar la oposición, ¿es prudente fiarse de este tipo de información?




Nuestra crítica es que si somos un estado de derecho,  nuestra seguridad o lo que podemos entender como seguridad no debe ser otra  cosa que la garantía de estos derechos. En este orden de ideas  es risorio que  nuestra fuente de información acerca de ellos (nuestros derechos)  sean los militares. No es posible que un militar  o policía se pronuncie públicamente  acusando  estudiantes de terroristas  antes de que se hayan pronunciado las cortes respecto de la inocencia o no inocencia  de los presuntos. Esto  pone de manifiesto  que de una manera u otra todo lo que dicen los altos mandos de la policía o la milicia para los medios es noticia de seguridad,  muchas veces no van mas allá de la facilidad que ofrece tener  de cierto contacto y no escatiman en  darle importancia nacional a noticias que no  deberían valer mas que una opinión cualquiera.

La intención como se nombraba  anteriormente  no es desconocer  la importancia que tiene estar informado acerca de las acciones y procedimientos de aquellos que en este momento detentan cierto poder por las facultades  que como funcionario se le han  confiado.  Solo digo que  si bien  es necesario  informarse para poder tener un referente del mundo que llegue más allá de lo que tenemos en frente, es  necesario también no perder los horizontes  de  la realidad conceptual que nos define como seres políticos y de derecho.





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